martes, 4 de julio de 2023

¿Es la castración química una buena alternativa para los casos de violaciones infantiles?

 

Escrito por Adriana Gloria Sajami

La violencia sexual infantil es un tipo de abuso que incluye actividades sexuales contra un infante. Actualmente, es un problema grave que la sociedad peruana enfrenta. Según el CEM, en el año 2022 se presentaron 9,779 casos de violación sexual, de los cuales el 70% corresponden a menores de 0 a 17 años. En abril de 2022, en Chiclayo, el caso de Dámaris, una niña de 3 años, conmovió a todo el país. Fue secuestrada y brutalmente violada por Juan Antonio Enríquez García, de 48 años, quien confesó haber secuestrado a la menor debido a su estado de embriaguez y a la percepción de que era una presa fácil. Este incidente pone en evidencia la inseguridad que enfrentan los niños, lo cual nos lleva al tema de la violencia que sufren los infantes, ya que son la población más vulnerable y menos capaz de defenderse. Sin embargo, en un panorama donde los casos de violación son cada vez más frecuentes, resulta imperativo reflexionar sobre el uso de la castración química como condena. Aunque algunos argumentan que sería lo mejor para reducir la tasa de agresiones, otros señalan que no habría ningún cambio significativo. Frente a este contexto, consideramos que la castración química no debería ser legal en el Perú. Por ello, decimos que es decisivo difundir esta información sobre medidas preventivas para abordar estos casos, así como enfoques orientados a la salud mental. A continuación, presentamos argumentos que respaldan nuestra tesis.

La castración química no debería ser legal en el Perú, puesto que en países donde es permitida, las agresiones sexuales a los infantes no han disminuido. En primer lugar, tenemos el caso de Indonesia, donde a pesar de contar con una ley que protege a los infantes, la inseguridad persiste en el entorno en el que se encuentran. Esto se refleja en la tasa de agresiones sexuales, la cual no ha disminuido. Según la Agencia de Protección de Testigos y Víctimas de Indonesia (2019), se estima que hubo cerca de 1,200 víctimas de violaciones infantiles. Esto indica que, a pesar de la existencia de la ley, las violaciones no han disminuido, ya que en 2018 se registraron 149 casos, evidenciando un aumento en la incidencia en comparación con años anteriores. En segundo lugar, tenemos el caso de Rusia, donde la ley de castración química entró en vigor en 2012, pero solo se aplica a aquellos que hayan cometido crímenes sexuales contra menores de 14 años. La limitación de esta ley es la edad de la víctima, ya que no se aplica a aquellos que son agredidos sexualmente y tienen más de 14 años. Según el centro Hermanas (2007), solo se acepta una de cada cinco denuncias de violencia sexual y solo el 2.9% logra llevar su caso a los tribunales. Este dato es alarmante, ya que, a pesar de haber tantos casos de asaltos sexuales, es necesario denunciarlos todos ante los tribunales para lograr justicia para las víctimas. En tercer lugar, tenemos el caso de Alemania, donde se presentan altos niveles de violencia sexual a pesar de la existencia de la ley sobre la castración química. Según el presidente de la policía criminal federal alemana BKA, Holguer Muench (2021), las estadísticas anuales mencionan que más de 15,500 niños fueron víctimas de abuso sexual. Esto indica que, a pesar de ser una ley legal, no asegura que la tasa de agresiones disminuya mínimamente, ya que se observa un aumento del 6.3% en comparación con el año 2020, lo que indica que la violencia sexual infantil sigue siendo un problema presente en este país. Estos casos demuestran que la castración química no ha logrado reducir los casos de violaciones sexuales a niños en los países donde es legalmente permitida. Por tanto, es necesario considerar otras estrategias y enfoques para abordar este grave problema y proteger a los niños de la violencia sexual.

La castración química no debería ser aprobada como ley en el Perú, ya que va en contra de los derechos humanos. Estos derechos se basan en una serie de normas que reconocen y protegen la dignidad, integridad física, psíquica y moral de todos los seres vivos, independientemente de su nacionalidad, género o cualquier otra condición. En este contexto, la castración química se considera un acto que vulnera la integridad física de la persona condenada, lo cual va en contra de los derechos humanos. Según Talano (2016), consiste en la administración de medicamentos que bloquean la producción de testosterona en los testículos para controlar los impulsos sexuales. Sin embargo, tiene efectos secundarios negativos como el encogimiento de los genitales, bochornos, cambios en los lípidos sanguíneos y un mayor riesgo de enfermedades del corazón y diabetes. Estos efectos afectan la integridad física de la persona, lo cual contradice los derechos humanos. Además, la castración química se puede considerar una forma de tortura según los tratados de los cuales el Perú forma parte. Entre ellos se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), también conocida como el Pacto de San José. Esta convención prohíbe de manera absoluta la tortura y las penas crueles, inhumanas o degradantes, por lo que la castración química se consideraría una forma de tortura. Asimismo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (2002) insta al Estado a aprobar medidas de prevención de la violencia sexual infantil que estén en línea con los estándares interamericanos, como garantizar el acceso a la justicia y sanciones respetuosas de los derechos humanos. Por estas razones, es necesario buscar otras alternativas para reducir las violaciones infantiles que cumplan con los pactos mencionados. Además, la castración química puede tener un impacto profundo en el estado emocional y mental de una persona. Es crucial tener en cuenta el impacto psicológico de someter a alguien a un procedimiento tan intrusivo, ya que puede generar sentimientos de temor, estigmatización y pérdida de autonomía. Para aquellos que están expuestos a la castración química, el apoyo psicológico y emocional adecuado es crucial, ya que pueden enfrentar desafíos importantes para su salud mental y el desarrollo de una identidad equilibrada y saludable. Por lo tanto, todos los aspectos mencionados anteriormente juegan un papel importante para no aprobar intervenciones médicas sin el consentimiento de la persona. 

No se debe permitir la castración química como condena para los individuos que cometen una agresión sexual en contra de los infantes. Según Papan Ayatolá, investigador de Amnistía Internacional sobre Indonesia (2016)  el abuso sexual infantil es un acto indescriptible y atroz, pero someter a los perpetradores a la castración química o a una ejecución no es justicia; es sumar una crueldad a otra. En otras palabras, la castración química como condena es agregar más violencia a un caso que ya obtuvo mucho de esta, ya que al ser una condena obligatoria no se toma en cuenta los derechos de los agresores.  

En resumen, la castración química no debería ser legal en el Perú para los casos de abuso sexual contra los infantes, ya que viola los derechos humanos y no ha demostrado ser efectiva en los países donde es legal. En su lugar, se deben promover otras alternativas para condenar a los agresores y prevenir estos casos. Esto implica brindar apoyo en salud mental, centrándose en las parafilias que presentan. Además de la condena judicial, se podría ofrecer terapia para la rehabilitación de los agresores. Esto requeriría mejorar los servicios psicológicos en las cárceles peruanas, lo cual podría contribuir a la reintegración de los condenados en la sociedad. Asimismo, en cuanto a la prevención, se pueden fomentar charlas en los centros educativos para explicar el respeto hacia los demás y la educación sexual. La educación sexual es esencial para prevenir los abusos sexuales y empoderar a las personas para que tomen decisiones informadas sobre su salud reproductiva y sexual, fomentando relaciones saludables y seguras. Por consiguiente, muchas veces los agredidos sexualmente terminan siendo agresores, ya que son traumatizados al vivir una experiencia negativa. Por esta razón, se debe mantener un tratamiento psicológico para evitar futuros casos de violación. Además, es fundamental educar a los niños para que informen sobre tocamientos indebidos. Solo a través de estos cambios en las sentencias y enfoques, podremos lograr una disminución en los casos de violación infantil.


BIBLIOGRAFÍA

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